¿Cuál es la historia de Villapinzón? El territorio que hoy ocupa Villapinzón estuvo habitado por comunidades muiscas que dependían del cacique de Turmequé, quien a su vez se subordinaba al cacique de Tunja (Garzón et al., 2010). Los registros parroquiales documentan que Francisco de Vargas Figueroa fundó formalmente el poblado que más adelante se convertiría en Villapinzón (Correa, 1927).

Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistador español nacido en Córdoba en 1509 y fallecido en Mariquita en 1579, lideró la expedición que conquistó el territorio del actual Colombia. A él se le atribuye el descubrimiento de Turmequé, caserío chibcha muisca anterior a 1536, del cual formaba parte el área que hoy conocemos como Villapinzón (Garzon et al., 2010). 

El origen de las tierras que abarca el municipio se ha vuelto incierto a lo largo de los siglos. Los historiadores reconocen dos versiones. Según Correa (1927), el juez y visitador Miguel Díaz de Armendariz, quien llegó al Nuevo Mundo en 1542 y a Santafé en 1547, otorgó títulos a Juan de Torres y Cristóbal de Salcedo en 1548 y 1549 respectivamente, por propiedades situadas entre Turmequé y Chocontá, donde se fundaría Hatoviejo 224 años después.

Pablo Sánchez, autor de una monografía inédita sobre el municipio citada por varios historiadores, coincide parcialmente con Correa. Sánchez afirma que Juan de Torres Contreras, señor de Turmeque y encomendero de Tunja, recibió títulos de Armendariz en 1548 sobre terrenos entre Turmeque y Lenguazaque, al igual que Cristóbal de Salcedo. Sin embargo, Sánchez discrepa en que estos terrenos sean los que actualmente ocupa el municipio (citado en Correa, 1927).

En la versión de Sánchez, el primer encomendero de la región fue Esteban de Albarracín, a quien se asignó en 1548 una encomienda entre Villapinzón y Ventaquemada. Las tierras conservan el nombre 'Albarracín' en su memoria, según cita el historiador Enrique Velandia (citado en Garzón et al., 2010).

En el siglo XX, en Villapinzón se afirmaba que Hatoviejo fue establecido como parroquia por el Tribunal Eclesiástico el 1 de diciembre de 1773. Sin embargo, no se ha encontrado documentación que respalde esta afirmación (Correa, 1927). Ramón C. Correa señala que no existen registros en el Archivo Histórico de Tunja que testifiquen la declaración formal de Hatoviejo como parroquia. 

Pablo Sánchez realizó una búsqueda infructuosa durante la década de 1930 para encontrar evidencia de la fecha de fundación de su pueblo natal. Se comunicó con la Curia Primada en Bogotá solicitando copias de los documentos relacionados con la erección de la parroquia de Hatoviejo. El archivero certificó que no encontró registro alguno sobre la creación de la parroquia en los legajos y libros antiguos (citado en Correa, 1927, pp. 6-8). El archivo parroquial de Ramiriquí también fue revisado sin éxito.

No hay pruebas de que Hatoviejo fuera erigido como parroquia en 1773, o es posible que la documentación haya desaparecido. La primera hipótesis parece más plausible, ya que Correa (1927, p. 13) cita otro documento del Archivo Histórico de Tunja que menciona a Hatoviejo como 'sitio' en marzo de 1774.

Entre marzo de 1774 y octubre de 1775, Hatoviejo logró convertirse en parroquia. Correa (1927, p. 17) cita un documento del Archivo Histórico de Tunja que confirma: "En Aposentos de mi morada de Chiquirá, vecindario de la parroquia de Santa Bárbara de Hatoviejo; en diez y siete de octubre de mil setecientos setenta y cinco, ante mí, don Juan Rafael Beltrán Pinzón, alcalde de la Santa Hermandad de la ciudad de Tunja...'.

Para octubre de 1775, Hatoviejo había obtenido el estatus de parroquia y su nombre se había modificado a Santa Bárbara de Hatoviejo, adquiriendo sentido prestigioso y distinguido (Garzón et al., 2010).

Entre marzo de 1774 y octubre de 1775, Hatoviejo logró convertirse en parroquia. Correa (1927, p. 17) cita un documento del Archivo Histórico de Tunja que confirma: "En Aposentos de mi morada de Chiquirá, vecindario de la parroquia de Santa Bárbara de Hatoviejo; en diez y siete de octubre de mil setecientos setenta y cinco, ante mí, don Juan Rafael Beltrán Pinzón, alcalde de la Santa Hermandad de la ciudad de Tunja...'.

Para octubre de 1775, Hatoviejo había obtenido el estatus de parroquia y su nombre se había modificado a Santa Bárbara de Hatoviejo, adquiriendo sentido prestigioso y distinguido (Garzón et al., 2010).

Corría el año 1781 cuando un grito de libertad recorrió todo el Nuevo Reino de Granada. En Socorro, Santander, la heroína criolla Manuela Beltrán había encendido la mecha de un levantamiento armado que pasaría a la historia como la Rebelión de los Comuneros. Y aunque Hatoviejo era apenas una pequeña parroquia perdida entre montañas, sus habitantes no se quedaron callados.

El alcalde del momento, don Luis de Cárdenas, era un hombre de convicciones firmes. El 8 de abril de ese año tomó la pluma y escribió una carta que hoy es un tesoro histórico. En ella, expresaba con claridad el apoyo de su pueblo al alzamiento comunero e informaba a los líderes de la revuelta que 220 vecinos del municipio estaban “prontos con sus armas blancas a pasar a sostener y auxiliar el alzamiento que han tenido los vecinos de San Gil y el Socorro y parroquias contiguas…” (Correa, 1927, p. 30). Era una declaración valiente: más de doscientos hombres dispuestos a arriesgar sus vidas por la causa de la libertad.

Un año después de la revuelta comunera, la vida en Hatoviejo continuaba su curso. Pero 1782 nos dejó algo invaluable: documentos parroquiales que confirman definitivamente quién fue el fundador del pueblo. Los párrocos de aquella época tenían la costumbre de llevar registros meticulosos de nacimientos, matrimonios y defunciones. Y fue precisamente en esas actas de defunción donde quedó escrita para siempre la verdad sobre los Vargas Figueroa. El 18 de diciembre de 1782, el párroco Diego Franqui registró la muerte de don Juan José de Vargas Figueroa, identificándolo como “padre del fundador” del pueblo (Garzón et al., 2010, p. 38). Diez años más tarde, el 6 de febrero de 1792, llegó el turno del propio fundador. El párroco Antonio Ignacio Fermín Niño y Roxas escribió la partida de defunción de don Francisco de Vargas Figueroa, refiriéndose a él explícitamente como “el fundador de la parroquia” (Correa, 1927, p. 28). 

Y para cerrar el círculo, en 1809, el párroco Antonio Ignacio Cárdenas registró la muerte de doña María Ignacia de Alzate de Vargas, mencionándola como “esposa del fundador de la parroquia” (Garzón et al., 2010, p. 39). Estos tres documentos, escritos por diferentes párrocos en diferentes épocas, se convirtieron en la prueba irrefutable de que don Francisco de Vargas Figueroa fue quien fundó Hatoviejo y tuvo un papel fundamental en el establecimiento de la parroquia.

En 1787, cuando alguien hablaba del río Funzha —como se escribía entonces—, lo describía con admiración como uno de los ríos “grande y caudaloso del Nuevo Reino de Granada en la provincia de Bogotá” (Garzón et al., 2010, p. 65). Ese río que nacía en el páramo de Guachaneque, en tierras de Hatoviejo, ya era reconocido por su importancia, aunque nadie imaginaba entonces que siglos después sería uno de los más contaminados del país. En aquellos tiempos, sus aguas cristalinas bajaban puras de la montaña.

Curiosamente, ese mismo año de 1787 ocurrió algo extraño con Hatoviejo en los registros oficiales. El Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales o América, elaborado por Antonio de Alcedo, aparentemente suprimió la entrada de Hatoviejo. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. 

Para 1804, los documentos judiciales dejaban claro que Hatoviejo pertenecía al partido de Turmequé, dentro de la Provincia de Tunja. Esto quedó registrado cuando doña Rosa y doña Manuela Rubiano, vecinas de Santafé, vendieron una hacienda llamada “La Joya” ubicada en “la feligresía de la parroquia de Ato Viejo, perteneciente a la Provincia de Tunja” (Archivo General de la Nación, 1804, Folio 864, citado en Correa, 1927, p. 38).

Pero ese año también trajo algo extraordinario: el paso del barón Alexander von Humboldt por el camino de Hatoviejo. Este naturalista, geógrafo y explorador alemán —considerado uno de los científicos más importantes de su época— realizaba su famosa travesía científica por el Nuevo Reino de Granada. El camino principal de Santafé hacia los Llanos pasaba por Tunja, y en esa ruta se encontraba la Parroquia de Santa Bárbara de Hatoviejo (Garzón et al., 2010, p. 58).

Von Humboldt, con su característica precisión, calculó que se necesitaban aproximadamente 27 horas y 24 minutos para recorrer las 27.5 leguas que abarcaba el camino Santafé-Tunja (Jiménez, 1989, p. 122, citado en Garzón et al., 2010). Imaginemos lo que significaba viajar en aquellos tiempos: más de un día entero a lomo de mula, soportando el frío del páramo, cruzando quebradas, durmiendo en posadas improvisadas. Cada viaje era una aventura.

  Los años siguientes a 1810 fueron caóticos en toda Nueva Granada. La independencia se había declarado en Santafé, pero el país estaba dividido. Al norte de la capital, los federalistas de Tunja, comandados por Antonio Baraya, asediaban el territorio centralista de Cundinamarca. Al sur, grupos de españoles y sus partidarios luchaban por retomar el poder.

El presidente Antonio Nariño, intentando mantener informada a la población de Santafé, comenzó a publicar en 1812 el “Boletín de Noticias del Día”, una especie de periódico de guerra que circulaba con las últimas novedades políticas y militares. Y Hatoviejo, por su ubicación estratégica en el camino a Tunja, apareció varias veces en esas páginas (Garzón et al., 2010, p. 48).

En el Boletín número 27, del 7 de octubre de 1812, se reportaba que las fuerzas federalistas habían establecido un destacamento en “Ato-Viejo” con órdenes estrictas de Antonio Baraya de “registrar y averiguar a todas las personas que intentaran pasar” (citado en Correa, 1927, p. 42). Era un punto de control militar. Incluso había una orden curiosa y un tanto discriminatoria: no se permitía el paso a “las mujeres de las Pelonas de Santafé”, pues se creía que Nariño las utilizaba para seducir a los soldados enemigos.

Un mes después, el Boletín número 35 traía el testimonio de un miliciano llamado Domingo Díaz que regresaba de Tunja. El pobre hombre declaró que le habían confiscado sus cargas de sal en el destacamento de Hatoviejo, y reportó que las tropas se preparaban para atacar Santafé (Garzón et al., 2010, p. 49).

El 22 de noviembre de 1812, el Boletín número 36 publicó una comunicación del comandante Lorenzo Ley, quien desde Zipaquirá informaba al General de las Armas sobre los movimientos de Baraya. Cuatro días después, el Boletín número 38 trajo noticias dramáticas: las fuerzas de Cundinamarca habían atacado el destacamento federalista en Hatoviejo. El comunicado, enviado por Eugenio de Elorga, describía el enfrentamiento, la toma del cuartel, la captura de diez prisioneros y algunas bajas (Correa, 1927, p. 43-44).

Hatoviejo, ese pueblo que solo quería vivir en paz, se había convertido involuntariamente en un campo de batalla.

El 15 de febrero de 1814, desde Tunja, el señor Juan José de Vargas escribió una carta a Nicolás Mesa, un vecino de Tibaná. La misiva tenía un propósito importante: Vargas había recibido la comisión de tomar el Juramento de Independencia en varios pueblos, incluyendo Ventaquemada, Boyacá, Hatoviejo, Turmequé, Úmbita y Tibaná. Pero había un problema: Vargas había sufrido un accidente —una patada de caballo— que le impedía cumplir la tarea (Garzón et al., 2010, p. 51).

Le pidió a Mesa que lo reemplazara, y este aceptó el 2 de marzo. Como resultado, se generó un expediente histórico con las dos cartas y las listas de firmantes en cada pueblo. En Hatoviejo, 277 vecinos firmaron el Juramento de Independencia. La lista ocupaba cuatro folios completos, y entre todas esas firmas estaba la de Nicolás de Mesa, quien había cumplido fielmente su misión (Correa, 1927, p. 47).

Según el reglamento del 10 de mayo de 1814, Hatoviejo formaba parte del departamento de Occidente de la República de Tunja, junto con poblados como Sora, Cucaita, Samacá, Turmequé, Úmbita, Gachetá, Lenguazaque, Ventaquemada y otros (Andez et al., 1971, citado en Garzón et al., 2010, p. 52).

El 30 de abril de 1839 fue un día importante para la organización territorial de la Nueva Granada. Ese día, el Congreso emitió un decreto que cambiaría el mapa administrativo de la región: se creaba el Cantón de Ramiriquí. Para los habitantes de Hatoviejo, este cambio significaba que ahora pertenecerían a una nueva jurisdicción dentro de la provincia de Tunja (Ángel Suárez, 1986, p. 93, citado en Garzón et al., 2010, p. 85).

El decreto era claro: el Cantón de Ramiriquí estaría compuesto por nueve distritos parroquiales: Ramiriquí, Viracachá, Ciénega, Jenesano, Tibaná, Turmequé, Chiriví, Hatoviejo y Ventaquemada. La cabecera —es decir, el centro administrativo— se estableció en Ramiriquí, ese pueblo boyacense que hoy conocemos como cabecera de la provincia de Márquez (Correa, 1927, p. 52).

Para los campesinos y vecinos de Hatoviejo, estos cambios administrativos quizás parecían algo distante, asuntos de papeles y decretos que se decidían en lugares lejanos. Pero en realidad, estas reorganizaciones territoriales afectaban su vida cotidiana: determinaban dónde debían ir a resolver trámites legales, a qué autoridades debían acudir, con qué pueblos vecinos compartirían recursos y responsabilidades.

Cuatro años después, en 1843, llegó una reforma legislativa que reorganizó completamente la estructura administrativa del país. La Constitución de la Nueva Granada estableció un sistema de provincias divididas en cantones, y estos a su vez se subdividían en distritos parroquiales. Era como una muñeca rusa administrativa: cada nivel contenía al siguiente (Fernández et al., 1971, p. 6, citado en Garzón et al., 2010, p. 86).

Esta reforma reemplazó la antigua estructura de departamentos que había existido antes. Para Hatoviejo, el cambio fue significativo: dejó de formar parte del departamento de Occidente de Tunja para convertirse oficialmente en un distrito parroquial dentro del cantón de Ramiriquí, que a su vez estaba en la provincia de Tunja. El artículo 8º de la reforma legislativa de 1843 lo establecía formalmente (Correa, 1927, p. 53).

Puede parecer un simple cambio de nombre en los documentos oficiales, pero estas reorganizaciones reflejaban los intentos de la joven república por consolidar un sistema administrativo estable después de las turbulentas guerras de independencia.

En la sección de Instrucción Pública de la Gaceta de la Nueva Granada número 768, el Gobernador de Tunja publicó un anuncio que seguramente llenó de esperanza a muchas familias: se abrirían escuelas primarias para niños en varios distritos parroquiales, entre ellos Hatoviejo (Caicedo et al., 1845, p. 1, citado en Garzón et al., 2010, p. 88).

Junto con Hatoviejo, también se beneficiarían Turmequé, Ventaquemada, Tibaná, Ramiriquí, Chiribí, Guateque y Boabita. El anuncio del gobernador mencionaba que estas escuelas ya contaban con “un número considerable de alumnos”. Imagínense: niños caminando kilómetros desde sus veredas, cruzando quebradas, subiendo cuchillas, todo por llegar a esa escuela donde aprenderían a leer, escribir y contar.

En aquella época, la educación no era algo que se diera por sentado. Cada escuela que se abría representaba una victoria contra la ignorancia, una ventana al mundo para niños que de otra manera quizás nunca habrían aprendido a leer.

El año 1846 reveló algo curioso sobre Hatoviejo: sus habitantes no siempre estaban de acuerdo entre ellos. Ese año, enviaron dos solicitudes completamente contradictorias a la Cámara de Representantes. Una petición solicitaba que el distrito de Hatoviejo fuera agregado al cantón de Chocontá; la otra se oponía firmemente a esta medida (Caicedo et al., 1846, p. 1, citado en Correa, 1927, p. 55).

La respuesta del gobierno fue diplomática y salomónica: el 16 de agosto de 1846, la Gaceta de la Nueva Granada número 818 publicó que la Comisión de Legislación Administrativa había decidido archivar ambas representaciones. Era como decir: “Si no se ponen de acuerdo entre ustedes, nosotros no vamos a decidir por ustedes” (Garzón et al., 2010, p. 90).

¿Qué generaba esta división? Probablemente razones prácticas. Algunos vecinos pensaban que les convenía más pertenecer a Chocontá —quizás estaba más cerca, o tenían más vínculos comerciales con ese cantón. Otros preferían mantener el statu quo con Ramiriquí. Eran las tensiones normales de una comunidad tratando de decidir su destino.

Lo que estos habitantes de Hatoviejo no sabían era que, pocos años después, el asunto se resolvería definitivamente. 

El 20 de abril de 1850, el Congreso Nacional tomó una decisión que cambiaría para siempre la identidad administrativa de Hatoviejo. Mediante una ley, se separó el distrito de Hatoviejo del Cantón Ramiriquí para agregarlo al Cantón Chocontá (Ibáñez, 1911, p. 579, citado en Garzón et al., 2010, p. 92). Con esta medida, Hatoviejo dejó de pertenecer a Boyacá y se incorporó definitivamente a Cundinamarca.

Era un cambio trascendental. De pronto, las referencias cambiaban: ya no miraban hacia Tunja sino hacia Bogotá. Sus vínculos administrativos, comerciales y culturales empezaron a reorientarse. Hatoviejo se volvía cundinamarqués.

El escándalo del alcalde Gregorio Castañeda

Pero 1850 también marcó el inicio de uno de los episodios más oscuros y fascinantes de la historia del municipio. Ese año llegó a la alcaldía un hombre llamado Gregorio Castañeda, quien gobernaría el municipio hasta 1862. Y según el testimonio del cura párroco José Pascual Afanador —quien sirvió en Hatoviejo entre 1851 y 1865—, Castañeda era “una persona tramposa y deshonesta” (Correa, 1927, p. 60).

 Las décadas siguientes no fueron tranquilas para Colombia. Entre 1863 y 1877, el país vivió una guerra civil conocida como la “Guerra de las Escuelas” o “Guerra de los Curas” —nombres que reflejaban el conflicto fundamental entre liberales que querían una educación laica y conservadores que defendían la influencia de la Iglesia Católica en las escuelas.

Para 1876, según el historiador Ortiz Mesa, el Estado de Cundinamarca estaba dividido en siete departamentos, uno de ellos Ubaté. Hatoviejo formaba parte del departamento de Ubaté, que se componía de 17 distritos. En ese momento, Hatoviejo contaba con 5,109 habitantes —un crecimiento significativo desde los 2,259 que había registrado el censo de 1811 (Ortiz Mesa, 2004, p. 77, citado en Garzón et al., 2010, p. 102).

Ortiz Mesa describe el departamento de Ubaté, al cual Hatoviejo pertenecía, como un lugar donde “predominaron los sistemas campesinos e indígenas tradicionales, la propiedad campesina casi colonial; allí el conservatismo y la Iglesia católica arraigaron con fuerza” (Ortiz Mesa, 2004, p. 77). Era territorio conservador, católico, tradicional —exactamente el tipo de lugar donde las reformas educativas liberales encontrarían resistencia.

Las guerras de 1885 trajeron más cambios administrativos. La Constitución fue modificada y Cundinamarca pasó de ser un estado independiente a convertirse en uno de los distritos federales de los Estados Unidos de Colombia —ese experimento federal que existió entre 1863 y 1886. El cambio se estableció por el Decreto 769 del 7 de noviembre de 1885 (Diario Oficial, 11 de noviembre de 1885, citado en Malagón, 2007, p. 282).

Poco después, el Decreto 53 del 16 de enero de 1886 dividió el Distrito Federal de Cundinamarca en 11 departamentos. Hatoviejo quedó dentro del “Departamento de Chocontá, con capital en Chocontá, compuesto por los Distritos de Cucunubá, Chocontá, Hatoviejo, Machetá, Manta, Suesca y Tibirita” (Garzón et al., 2010, p. 106).

Después de la guerra de 1885, Hatoviejo comenzó a organizarse de manera más formal como municipio. Y una de las prioridades fue la educación. La Gobernación de Cundinamarca llevó a cabo la creación de varias escuelas en la zona —un esfuerzo sistemático por llevar la educación incluso a las veredas más alejadas (Fernández et al., 1971, p. 7, citado en Garzón et al., 2010, p. 110).

En 1890, según el artículo 6º del Decreto Nº 353, se creó la Escuela ‘La Joya’. En 1897 se establecieron dos escuelas más mediante el Decreto Nº 146: las de ‘Chinquira’ y ‘Moravita’ (esta última posteriormente conocida como Bosavita). Ese mismo año, el Decreto Nº 192 creó la Escuela de ‘Guangüita’. Y en 1898, el Decreto Nº 64 estableció escuelas urbanas para niños y varones (Correa, 1927, p. 72).

Estos nombres nos hablan de las veredas que componían el municipio: La Joya, Chinquira, Bosavita, Guangüita. Cada escuela significaba que los niños de esas veredas ya no tenían que caminar horas hasta el casco urbano para estudiar. Podían aprender en su propia comunidad. Estas iniciativas reflejaban un cambio de mentalidad: la educación se veía como “elemento clave para el desarrollo y progreso de la comunidad” (Garzón et al., 2010, p. 111). Ya no era un lujo para los hijos de las familias pudientes del pueblo; era un derecho que debía llegar a todos, incluso a los campesinos más humildes de las veredas.

En 1903, un hijo de Hatoviejo, el general Pedro Antonio Sánchez O. —quien también había hecho carrera en el ejército nacional—, presentó una petición a la Asamblea de Cundinamarca. Pedía algo sencillo pero profundamente significativo: cambiar el nombre del pueblo en honor al general Próspero Pinzón (Correa, 1927, p. 78).

La Asamblea aprobó la petición. Mediante la Ordenanza 10 de 1903, el municipio dejó de llamarse Hatoviejo —ese nombre colonial que evocaba los antiguos hatos ganaderos— y adoptó el nombre de ‘Pinzón’, en memoria del general Próspero Pinzón, hijo ilustre y vencedor en la Batalla de Palonegro (Garzón et al., 2010, p. 118).

Pero al año siguiente, en 1904, se hizo un ajuste. A través de la Ordenanza 18 de ese año, se agregó la palabra ‘Villa’ al nombre legal, quedando finalmente como ‘Villapinzón’ (Correa, 1927, p. 79). Era una forma de honrar la historia del pueblo —la ‘villa’ evocaba cierta antigüedad y distinción— mientras se rendía tributo al héroe local.

La Iglesia.

El arzobispo primado de Bogotá, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, decidió que las denominaciones eclesiásticas debían ser acordes con las civiles. Así que en 1904 cambió oficialmente el nombre de la parroquia de ‘Hatoviejo’ por el de ‘Villapinzón’ (Garzón et al., 2010, p. 119).

El historiador Pablo Sánchez tenía una misión: encontrar el documento original que probara cuándo exactamente Hatoviejo se convirtió en parroquia. A pesar de sus esfuerzos, ese documento parecía haberse perdido en el tiempo. Sin embargo, no se dio por vencido. Mantuvo correspondencia con personas que podían ayudarle, especialmente desde Tunja, y su persistencia dio frutos (Correa, 1927).

Un día recibió algo valioso: el archivero de la Curia le envió una “copia confrontada” —es decir, verificada contra el original— de un documento firmado por el presbítero Francisco A. Angulo, quien prestaba sus servicios en Villapinzón en aquella época. Este documento, aunque no era el que Sánchez buscaba originalmente, resultó ser una joya histórica porque describía con precisión los límites del municipio tal como se entendían en 1907 (Garzón et al., 2010).

Los linderos del pueblo

Para nosotros hoy puede parecer extraño definir un territorio usando quebradas, cerros y ríos, pero en aquellos tiempos era la forma más práctica de establecer dónde terminaba un municipio y comenzaba otro. El presbítero Angulo describió los límites de Villapinzón de manera detallada, casi como si estuviera guiando a alguien por el territorio:

El año 1908 marcó un hito fundamental en la historia del municipio. Hasta ese momento, aunque la gente ya llamaba al pueblo Villapinzón en honor al general Próspero Pinzón —héroe de la Batalla de Palonegro—, el nombre oficial seguía siendo Hatoviejo, ese nombre colonial que recordaba los antiguos hatos ganaderos de la región.

Todo cambió cuando el gobierno nacional puso en marcha la Ley 1ª de 1908, que trataba sobre la división territorial del país, y el Decreto 916 del 31 de agosto del mismo año. Estas disposiciones legales le dieron validez plena a las ordenanzas departamentales de 1903 y 1904 que ya habían propuesto el cambio de nombre. Así, mediante un acto oficial, Hatoviejo dejó de existir en los registros y nació legalmente Villapinzón (Correa, 1927, p. 58).

No fue solo un cambio de letras en un papel. Fue el reconocimiento formal de una nueva identidad, de una comunidad que quería honrar a sus héroes y mirar hacia adelante. Desde ese día, Villapinzón se convirtió en la denominación legal y oficial del municipio, el nombre que aparecería en todos los documentos, mapas y registros (Garzón et al., 2010, p. 95).